La reforma busca corregir la injusticia en las tarifas de electricidad que afectan a los habitantes de distritos productores de energía, asegurando descuentos en sus recibos y fomentando una mayor estabilidad.
El Congreso de la República aprobó recientemente una modificación a la Ley 27510, que regula el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), con el fin de beneficiar a los usuarios residenciales de los distritos donde operan o se están construyendo centrales hidroeléctricas. Esta medida, que se aplicará solo a aquellos hogares cuyo consumo de energía no supere los 200 kWh/mes, busca reducir las tarifas eléctricas en las regiones productoras de energía, donde los costos, en muchos casos, más elevados que en otras zonas del país.
La iniciativa fue presentada por la congresista Patricia Chirinos Venegas (RP), quien destacó la inequidad que enfrentan muchas localidades productoras de energía en Perú. Aunque estas regiones, como San Gabán en Puno, Chaglla en Huánuco, y Perené en Junín, son responsables de generar gran parte de la electricidad que consume el país, sus habitantes han tenido que pagar precios mucho más altos que los limeños.
La modificación fue aprobada en el Pleno del Congreso con una amplia mayoría, obteniendo 82 votos a favor en la primera votación y 84 en la segunda, con solo dos abstenciones en ambas ocasiones.
Entre las localidades que más se beneficiarán con esta reducción de tarifas se encuentran San Gabán (Puno), Chaglla (Huánuco), Perené (Junín), Machu Picchu (Cusco) y Caima (Ayacucho). Según Patricia Chirinos, estos pueblos han estado “olvidados” por el sistema energético del país, pues, aunque contribuyen de manera significativa a la producción de electricidad, sus habitantes siguen pagando precios elevados por el servicio, incluso en algunos casos sin contar con un suministro constante.
La congresista resaltó que, por ejemplo, en San Gabán, muchas familias tienen que pagar más de 200 soles mensuales por la electricidad, a pesar de que solo reciben servicio por pocas horas al día. Este desequilibrio es una de las principales razones que impulsó la creación de esta ley, que busca corregir esta disparidad y ofrecer un alivio a miles de hogares en estas zonas.
El subsidio del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) es una herramienta que, desde su creación, busca equilibrar las tarifas de electricidad para los usuarios más vulnerables. Tradicionalmente, este subsidio benefició principalmente a los usuarios de zonas rurales y periurbanas con bajos niveles de consumo. Con la nueva modificación, se extenderá a los distritos cercanos a las centrales hidroeléctricas, permitiendo que los hogares en estas áreas también reciban la rebaja en sus tarifas de electricidad.
El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez Ticona (BMCN), señaló que este ajuste en la ley tiene como objetivo principal “reducir la brecha entre las regiones productoras de energía y las zonas que no la producen”. Según Gutiérrez, esta medida evitará aumentos injustificados en las facturas de luz, beneficiando especialmente a las familias de los distritos donde operan las centrales hidroeléctricas.
Una vez promulgada la ley, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir las disposiciones técnicas que permitan aplicar los descuentos en las tarifas de electricidad en las regiones beneficiadas. Esto incluye la implementación de mecanismos para verificar el consumo de energía de los hogares y el establecimiento de los procedimientos administrativos necesarios para aplicar el subsidio de manera efectiva.
La medida no solo busca beneficiar a los hogares de estas localidades, sino también contribuir a la estabilidad del sistema energético en estas regiones. Según Gutiérrez, la modificación de la ley también tendrá un efecto indirecto en la estabilización de los precios de la energía, previniendo aumentos imprevistos en las tarifas que podrían generar malestar en las poblaciones afectadas.
La modificación de la Ley 27510 y la implementación del subsidio eléctrico tendrá un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias que han luchado durante años por pagar tarifas justas por un servicio esencial. Además de mejorar las condiciones económicas de estos hogares, la reducción de tarifas podría fomentar el desarrollo social y económico en estas regiones productoras de energía.
El Congreso también ha subrayado que esta medida contribuirá a una mayor equidad en el acceso a la electricidad en el país, corrigiendo una de las muchas desigualdades que persisten en la distribución de los recursos energéticos.
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