La Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía (ARIAE), cuestionó la injerencia del gobierno peruano en las funciones del Osignermin, quien tenía previsto ajustar las tarifas del servicio eléctrico durante los próximos meses.
«Es en esas circunstancias que, sin que medie aviso ni un previo proceso de discusión pública, el Gobierno de Perú por intermedio del Ministerio de Energía y Minas, público el 4 de octubre de 2018, es decir, apenas 12 días antes de que culmine el procedimiento de fijación tarifaria ya comentado, el Decreto Supremo 027-2018-EM, el cual ordena que se creen y actúen nuevas etapas, estudios,audiencias y análisis al procedimiento regulatorio en curso; ello para fines prácticos, equivale a neutralizar tal procedimiento, al resultar materialmente imposible que el regulador y las empresas reguladas, puedan cumplir con las nuevas exigencias que acaba de crear el Gobierno del Perú», refiere la institución en un comunicado.
Fuente: La República
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