Miles de familias en Colombia han sentido cómo el precio de la energía eléctrica ha ido subiendo, especialmente durante los periodos de sequía, cuando los costos de generación aumentan y las facturas se disparan sin previo aviso. Las quejas por la imprevisibilidad y la falta de control sobre las tarifas se volvieron algo cotidiano, preocupando a expertos y ciudadanos por igual.
Este 15 de octubre de 2025, el Gobierno nacional decidió actuar con fuerza. El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 1072 de 2025, que modifica el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, con el objetivo de dejar atrás las sorpresas y lograr tarifas de energía más estables y justas para todos los colombianos.
La incertidumbre ante los precios de la electricidad tiene sus días contados. Según el nuevo decreto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dispone de tres meses para implementar mecanismos que aseguren los lineamientos de política pública establecidos. En la práctica, esto implica limitar el costo de la energía en el mercado nacional y proteger a los hogares, sobre todo de estratos 1 y 2, frente a la volatilidad de los precios, en particular durante el fenómeno de El Niño.
Pero, ¿qué significa esto para su factura? El ministro Edwin Palma explicó que la medida también promueve la contratación de energía a largo plazo y reduce la exposición de los hogares a la bolsa de energía -donde los precios suelen ser más inestables- lo que permitirá que los colombianos paguen una tarifa mucho más predecible, incluso en momentos de crisis climática.
Los ajustes no solo buscan proteger el presente, sino garantizar tarifas más justas para el futuro. El Gobierno calcula que el valor del servicio por kilovatio-hora podría disminuir entre $20 y $120 en los periodos de sequía, dependiendo de la gravedad de la situación y del comportamiento de los precios en bolsa.
La promulgación del decreto surge tras escuchar la voz de los colombianos, gremios, empresas y expertos en el sector eléctrico. Las empresas generadoras de energía no se acogieron a las resoluciones previas que buscaban la rebaja, forzando así la expedición de una norma legal que ahora marca las reglas del juego. «El objetivo es que ningún colombiano pague más por la energía debido a la especulación o a la volatilidad de los precios de la bolsa«, destacó el ministro Palma.
Además, se crearán incentivos para equilibrar el mercado regulado y no regulado y para el desarrollo de contratos a largo plazo, haciendo del sistema eléctrico colombiano uno más resiliente y previsiblemente económico para el consumidor final.
La CREG tiene hasta enero de 2026 para implementar los cambios, lo que significa que los hogares podrían ver ajustes en sus recibos en los meses siguientes. Los estratos más vulnerables -1 y 2- serán los primeros en notar el alivio, aunque la normativa beneficiará a todos con tarifa regulada, incluida la región Caribe y las zonas históricamente afectadas por la volatilidad de precios.
La política prioriza la confiabilidad del servicio y busca que los costos sean reflejo real de la prestación, evitando picos abusivos que en años recientes dispararon el gasto familiar y pusieron en aprietos a millones de colombianos.